Editoriales — 25 septiembre, 2016 at 5:03 pm

Sobrepeso endémico y apagón estadístico*

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*Nota publicada en el diario Clarín el 24/09/2016.

 

La nutrición infantil está en el centro del debate público. La vulneración del derecho a la alimentación saludable, establecido en numerosos instrumentos internacionales a los que nuestro país ha adscripto, supone una de las peores formas de comprometer el presente y el futuro de nuestros niños y adolescentes. Recientemente, el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (OSDA-UCA) publicó un informe en el que afirma, basándose en encuestas de percepción, que casi 1 de cada 5 niños y adolescentes sufre inseguridad alimentaria. La publicación del informe ayudó a promover el debate acerca de la verdadera situación de la nutrición infantil y adolescente, a la vez que volvió a dejar de manifiesto la necesidad de recuperar de una vez por todas al sistema estadístico público nacional.

La actual situación nutricional de los argentinos, y de los niños y adolescentes en particular, no se sustenta en consensos estadísticos. La ausencia de estudios longitudinales (que siguen las trayectorias nutricionales de los individuos) y la imposibilidad de comparar entre diferentes estudios puntuales que usan diversas metodologías dificultan un diagnóstico certero.

Pese a lo dicho, sí existe un acuerdo básico: la percepción de que el problema fundamental es la desnutrición infantil no se corresponde con la evidencia.

La última Encuesta Nacional de Nutrición y Salud (ENNyS), que recoge datos de 2005, muestra un panorama signado por la prevalencia del sobrepeso y la obesidad como los principales desafíos en términos de políticas nutricionales. Según la ENNyS, el 31,5% de los niños de 2 a 5 años presentaba sobrepeso y el 10,4% padecía obesidad. Los estudios posteriores de organizaciones de la sociedad civil confirman esta situación endémica de sobrepeso que, a contracorriente de la creencia popular, incide más en los niños de niveles socioeconómicos bajos que en los de mejor posición relativa (UNICEF-FIC, 2016).

El sobrepeso y la obesidad infanto-adolescente tienen consecuencias gravísimas para la salud, la autoestima y el desarrollo del potencial de los niños y adolescentes. Sin embargo, la situación es invisibilizada por la preponderancia mediática de la desnutrición. Esto no implica negar que la muerte de un niño o un adolescente a causa de un cuadro de desnutrición no represente un escándalo. De lo que se trata, más bien, es de resaltar la necesidad de aproximarse a la malnutrición infantil desde un enfoque integral que incluya otras políticas públicas. Entre ellas, servicios de salud que acompañen a los padres durante el embarazo, el parto, el puerperio y la crianza; políticas más amplias de licencias y servicios de cuidado de calidad; y esquemas de transferencias con una lógica progresiva que priorice el acceso a las poblaciones más vulnerables.

Los indicadores sobre situación social son variables complejas que se componen de datos de múltiples dimensiones del bienestar de las personas. El Estado tiene una responsabilidad inalienable en la generación de estadísticas transparentes, objetivas y comparables, que tengan el propósito de informar las decisiones públicas que toman sus funcionarios. La actual gestión de gobierno tiene el enorme desafío de aumentar en tiempos razonables la legitimidad de la información, tras años de pérdida de credibilidad estadística. En ese contexto, las diferentes fuentes no oficiales que se fueron generando no han logrado traducirse en consensos claros acerca de las aristas y magnitudes de los principales problemas sociales. Esto afecta, por ende, la calidad de las acciones destinadas a resolverlos. El caso de la malnutrición infantil es quizás uno de los ejemplos más dramáticos.

Argentina está rezagada tanto en la generación de información confiable y útil para la toma de decisiones como en la formulación de políticas integrales y federales para enfrentar el sobrepeso endémico. Más allá de los debates sobre tiempos políticos y enredos técnicos, urge tomar medidas concretas: los niños y adolescentes no pueden esperar más. Su presente y su futuro, sus derechos en definitiva, están en juego.

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