Editoriales — 1 junio, 2013 at 6:46 pm

La pobreza infantil: un desafío multidimensional

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Existe actualmente un marcado consenso sobre un rasgo distintivo de la pobreza en nuestra región: que tiene cara y cuerpo de niño y niña. Casi la mitad de las personas que vivían en 2011 por debajo de los índices de pobreza son niños y niñas menores a 17 años, según datos del Panorama Social de América Latina (CEPAL, 2012).

La pobreza infantil es un fenómeno multidimensional y complejo que debe analizarse superando la tradicional visión de pobreza por ingresos. Como menciona Alberto Minujín, la pobreza infantil ha estado históricamente invisibilizada detrás del concepto de pobreza general, tanto en términos conceptuales como de estrategias de medición, con el consecuente impacto respecto del tipo de políticas formuladas para hacer frente a esta crítica situación.

Avanzar entonces en posibles soluciones estructurales a la pobreza infantil supone comprender mejor el contexto de pobreza y desigualdad en el cual estos niños y niñas viven, tomando en cuenta la privación material, el acceso a los servicios básicos y, también, factores ligados a las privaciones emocionales y espirituales, factores todos que, tal como indica UNICEF (2005), “les impide disfrutar de sus derechos, alcanzar su pleno potencial y participar como miembros plenos y en pie de igualdad en la sociedad”. Un niño o niña pobre, es una persona niño o niña privado de sus derechos.

En este sentido, UNICEF se propone, desde 2003 (cuando se realiza el primer estudio mundial de la pobreza infantil), operacionalizar la medición del concepto de pobreza infantil sobre el principio del acceso a un número específico de derechos económicos y sociales, cuyo incumplimiento puede deberse a una pobreza a gran escala, pero también a desigualdades en el acceso a servicios y/o discriminación basada en el género u origen étnico y racial. Así, llevó adelante la primera estimación científica de la pobreza infantil en los países en desarrollo desde este enfoque multidimensional, junto a la Universidad de Bristol y la London School of Economics. El conjunto de indicadores utilizado toma como principio los derechos de niños y niñas en las dimensiones de: nutrición adecuada, agua potable, servicios sanitarios aceptables, salud, vivienda, educación e información.

A partir de ellos, en América Latina y el Caribe se adaptó la metodología de Bristol y se definieron dos umbrales de privación para operacionalizar la medición de la pobreza infantil multidimensional (CEPAL, 2010). Medida por este método, la tasa de pobreza entre los menores de 18 años se eleva al 63%, alcanzando un valor del 88% entre los niños y niños indígenas (CEPAL y UNICEF, 2012).

En el caso particular de Argentina, los datos del Censo Nacional de Hogares, Población y Vivienda de 2010 revelan que el 10,3% de los niños, niñas y adolescentes (NNyA) se encuentran debajo de la línea de pobreza, y el 2% debajo de la línea de indigencia. Es importante señalar que existe una gran heterogeneidad geográfica en nuestro país y que si bien existe un piso básico de necesidades de NNyA que se encuentran resueltas, la calidad y acceso a los bienes y servicios (y a las oportunidades que éstos generan) varía según se habite en áreas urbanas o rurales.

Por otro lado, existe en Argentina una preocupación creciente por parte de quiénes se ocupan de la temática, referida a las cuestiones simbólicas y subjetivas que atraviesan la realidad de niños y niñas. Han mejorado, y mucho, las condiciones materiales de las familias y los ingresos en el hogar, y esto posibilita que se visibilicen otras situaciones relacionadas a las condiciones no materiales y subjetivas de interacción familiar y comunitaria. Aún persisten prácticas culturales que naturalizan la vulneración de derechos de NNyA (y que trascienden las clases sociales), tales como violencia familiar, abuso sexual, trabajo infantil y violencia policial. Además, se ha avanzado poco en materia de políticas de cuidado infantil, pese a su importancia como componente pro-equidad, mediante la promoción de sistemas de cuidado públicos de acceso y calidad igualitaria. La ausencia de estos servicios impacta particularmente sobre las mujeres: condiciona su inserción laboral y reproduce el círculo intergeneracional de pobreza.

En síntesis, la pobreza infantil cobra prioridad a través de un doble reto de enorme importancia para la protección social en América Latina (así como en otras latitudes): por un lado, el cómo conceptualizar y medir mejor la problemática, atendiendo a sus múltiples causas y especificidades, tanto territoriales como en términos de género o de poblaciones más vulnerables; por el otro, en lo referido a qué tipos de diseños, implementaciones y evaluaciones de políticas públicas (no sólo políticas sociales) deben llevarse a la práctica para que sean capaces de atender las causas profundas del problema. Este doble reto desafía la propia sustancia de los contratos éticos, políticos y fiscales que han construido (y destruido) nuestras sociedades en las décadas pasadas.

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