Editoriales — 16 noviembre, 2015 at 9:32 pm

Juventudes en plural, en serio

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La aprobación por parte de la Cámara de Diputados del Proyecto de Ley de Promoción de las Juventudes (solo con los votos del oficialismo) implicó el tardío reconocimiento de la necesidad de contar con una norma específica, que garantice y enmarque los derechos de los jóvenes en la Argentina.
Estos derechos no solo carecen aún de una norma propia, también están vulnerados en la práctica. Los jóvenes sufren más la pobreza y la indigencia que los adultos, tienen una peor inserción laboral que el resto de la población y les cuesta hasta lo imposible adquirir una vivienda propia. La tasa de terminalidad en educación secundaria es crítica y el embarazo adolescente no decrece sino que aumenta. En este contexto, una ley de promoción de las juventudes debiese ser integral en serio (y no solo en la retórica).
El proyecto aprobado requiere ser mejorado, al menos en dos sentidos. Por un lado, los artículos referidos a los contenidos para promover vía políticas públicas (arts. 17-38) deberían considerar la actual vulneración de muchos de los derechos que allí se invocan y, sobre todo, las causas que explican la relación entre diversas vulnerabilidades.
Destaca la ausencia de fomento de políticas públicas de cuidado, cuando el 75% de los jóvenes que no estudian ni trabajan en Argentina son mujeres que están a cargo de tareas del cuidado en sus hogares. Reconocer la heterogeneidad implícita en el uso plural de “juventudes” implica también admitir la multiplicidad de situaciones y cadenas causales que impide a los jóvenes desarrollarse en el pleno goce de sus derechos.
Por otro lado, para que los diversos instrumentos planteados en la ley sean efectivos en la promoción y restitución de los derechos, es fundamental mejorar la institucionalidad que allí se diseña. Como organismo fundamental, propone crear una Secretaría Nacional de las Juventudes, que dependería de la Jefatura de Gabinete, cuyo objetivo será implementar políticas públicas para los y las jóvenes (art. 43). Se corre aquí el enorme riesgo de invalidar desde la institucionalidad la meritoria preocupación por mejorar las políticas públicas para las juventudes. No solo resulta inviable que una Secretaría (aun cuando dependa de Jefatura de Gabinete) implemente todas las políticas dirigidas a los jóvenes, sino que no es deseable en tanto el “saber hacer sectorial” está y debería seguir estando en los Ministerios especializados (y sus expresiones a provinciales y municipales).
Para construir realmente un abordaje integral en materia de juventudes es necesario construir un ámbito institucional especializado con alto respaldo político, gran capacidad técnico-profesional y capacidad de incidencia presupuestaria. Pero que no sea un mero premio a los líderes de la juventud partidaria del oficialismo de turno.
No se tratan de tareas simples ni resolubles sólo con una ley promovida en la etapa final de un ciclo político. Será, más bien, tarea del próximo gobierno hacerse cargo de esa enorme e histórica responsabilidad. Esta media sanción se constituye así sólo en un punto de partida.

Fabián Repetto y Gala Díaz Langou

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