Entrevistas — 18 diciembre, 2013 at 7:36 pm

Entrevista a Paolo Raciti

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Foto Paolo Raciti_editadaPaolo Raciti es licenciado en Letras, licenciado en Ciencias de la Educación y Doctor de Investigación en Servicio Social. Es investigador en la División “Inclusión Social” del ISFOL (Instituto de Investigación Pública del Ministerio de Trabajo y Política Social de Italia), donde se ocupa del estudio de las políticas de lucha contra la pobreza, de la medición de la pobreza según una perspectiva multidimensional con especial referencia a las teorías del Capability Approac y del estudio de la vulnerabilidad de los sistemas de bienestar. Es miembro de la Unidad Técnica Científica del CISP (Comitato Internazionale per lo Sviluppo dei Popoli) en la implementación del programa Eurosocial II (ámbito temático: políticas sociales y protección social) y se desempeña como consultor del Ayuntamiento de Roma Capital, para el cual se dedica al desarrollo de la integración socio-sanitaria en los servicios para niños y familias. Entre 1992 y 1995 fue coordinador de un proyecto de cooperación en Brasil con los niños y adolescentes en situación de calle, país donde también fue responsable de la evaluación del proyecto Redes e Juventude, proyecto de políticas para la juventud, con sede en Recife y extensión en los Estados del Nordeste.

>> ¿Cómo caracterizaría desde la perspectiva de su propio país la situación actual de la protección social en Europa, considerando los efectos de la profunda crisis que ha atravesado la región en años recientes, pero también reconociendo el activo que representan las bases fundamentales de sus Estados de Bienestar?

Desde mediados de los ´90, primero con la aparición gradual de la perspectiva del workfare británico expresada en las políticas impulsadas por Tony Blair y luego con el lanzamiento de la Estrategia de Lisboa en la década anterior a la crisis actual, en Europa se ha impuesto la orientación de las llamadas políticas de activación laboral. Este enfoque ha descansado en la creencia de que estas políticas podían eficazmente reemplazar las tradicionales políticas caracterizadas por medidas de protección social para el sostenimiento de la renta a través de transferencias de dinero. La inversión en la mejora del capital humano y el desarrollo de un sistema de incentivos negativos eran las prioridades de acción. La estrategia de Lisboa se ha centrado explícitamente en estos dos ejes de la innovación en el welfare continental (o ” modernización de la protección social”, como afirma el documento final del Consejo Europeo del 24-3-2000).

Como consecuencia lógica de estas líneas de políticas, en los últimos años ha habido una reducción significativa en el gasto en prestaciones por desempleo y la financiación de las formas de transferencias de ingresos: en 2005-2007 el porcentaje de gasto de la UE, en PIB dedicado a estos componentes fue de 1,1% menor que en el período 1985-1989 y en el período 2003-2007 disminuye 1 punto. No obstante, la desigualdad ha aumentado y la pobreza y la exclusión social siguen siendo, aún hoy en día en muchos países de la UE, un problema difícil de afrontar. La crisis está poniendo de relieve el fracaso de esta estrategia unidimensional y pone de manifiesto la necesidad de desarrollar políticas de protección social con una complementariedad monetaria (tales como diversas formas de salario mínimo) junto a las políticas de activación y de la inversión en capital humano.

>> Atendiendo al actual escenario de la protección social europea en general y de vuestro país en particular, ¿cuáles considera que son los tres principales retos a enfrentar para reformular/fortalecer su matriz de bienestar?

Es urgente volver a activar los instrumentos de protección social como medidas necesarias para el crecimiento económico. El gasto en seguridad social y la reducción de la precarización del empleo ya no pueden ser los ejes motores de la dinámica económica. En esta dirección se ha avanzado con la Recomendación de la Comisión Europea sobre la inclusión activa (3/10/2008), estrategia multinivel basada en tres pilares: el apoyo a la renta, mercados de trabajo inclusivos y acceso a servicios sociales de calidad. Esta estrategia está orientada a la programación del Fondo Estructural 2014-2020.

Por primera vez se hace referencia a las medidas de desarrollo y activación de forma sinérgica, de medidas laborales y de protección social, monetarias y no monetarias. Creo que este es el principal desafío.

Por otra parte, esto obedece a lo declarado en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea en su Preámbulo, que coloca a las personas en el centro de acción de la UE destinada a crear un espacio de libertad, seguridad y justicia, y a lo desarrollado en el artículo 34, donde se afirma el derecho de acceso a las prestaciones de seguridad social y servicios sociales y se reconoce el derecho a una vida digna para todos los ciudadanos.

En la realización de esos principios, y en la integralidad que evocan, se juega el reto inmediato de los próximos años y, como Stefano Rodotà escribe en su último libro (“El derecho a tener derechos”) “es coherente con los elementos estructurales considerar los derechos sociales en su totalidad, por lo tanto, no sólo los que están directamente relacionados con el empleo, por ejemplo con un estatuto fuerte.” Este es el gran reto técnico y político que nos espera a la salida de la crisis.

>> Dado este momento histórico, ¿sobre qué temas críticos de la protección social le parece a usted que debería profundizarse el dialogo e intercambio de experiencias entre Europa y América Latina?

Creo que el diálogo y el intercambio pueden ser más eficaces si la atención se centra en temas de sistemas y procesos. Restalto cuatro:

1) La coordinación de las políticas. Tanto en Europa como en América Latina, es necesario continuar y desarrollar la complementariedad entre las “políticas de activación” y políticas de protección social, ya que la complementariedad entre estas dos líneas de gasto es una condición necesaria para el desarrollo de políticas eficaces de lucha contra la pobreza y la inclusión social.

2) El reconocimiento del papel estratégico de los servicios sociales. La inversión política y financiera para la construcción de servicios sociales profesionales y de calidad, es estratégica para el desarrollo de las políticas de lucha contra la pobreza.

3) La articulación de los PTC con los sistemas de protección social. El PTC para ser plenamente eficaz, necesita que la condicionalidad se articule con una planificación de la acción social que integre múltiples sistemas de servicios (salud, educación, empleo, formación, etc.). En este terreno, Europa y América Latina tienen un buen tramo por delante para recorrer de la mano.

4) La coordinación de las políticas de Estado (gubernamentales) con las locales. Se debe tener en cuenta la diversidad y la especificidad local, la mejora de las características y la naturaleza específica de los problemas: las políticas nacionales deberían apoyar los procesos locales de desarrollo, teniendo en cuenta la diferencia en comparación con los niveles estándar entre territorios.

 

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