Editoriales — 18 julio, 2016 at 6:19 pm

Aprovechar el bono demográfico hoy, pensando en el mañana

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El 11 de julio, día mundial de la población, es una gran oportunidad para reflexionar sobre la situación demográfica argentina. ¿Cómo es su estructura actual y cómo evolucionará en el tiempo? Las respuestas a estos interrogantes son clave para entender cuáles son las políticas necesarias para garantizar los derechos de la población y un mayor crecimiento económico.

Gracias a la caída de la fecundidad, el país se encuentra hoy en una etapa de “bono demográfico”, es decir que hay menos personas en edad dependiente (niños y adultos mayores) en relación al resto (Filgueira y Aulicino, 2015). Estimaciones indican que Argentina saldrá de esta fase en menos de 30 años, un período una década más corto que el promedio latinoamericano (CIPPEC, en base a CELADE-CEPAL). Luego, el aumento de la longevidad llevará a que se incremente la población económicamente inactiva en proporción a la activa, entrando así en una próxima etapa de envejecimiento con grandes desafíos de largo plazo en términos de capacidad económica y cargas fiscales (se necesitarán más transferencias intergeneracionales para financiar el consumo de las personas inactivas) (Filgueira y Aulicino, 2015).

Todo esto indica que la estructura etaria del bono demográfico implica una ventana de oportunidad que no debe desperdiciarse. Es un período único en que se necesitará un menor esfuerzo por parte de la población en edad de trabajar para aumentar ambos: los recursos destinados a la población dependiente y la productividad futura de la sociedad para afrontar la siguiente etapa demográfica.

En este sentido, es imprescindible que el Estado aproveche el bono demográfico principalmente de dos maneras. Primero, invirtiendo en capital humano y aumentando la fuerza laboral, poniendo el foco en las mujeres económicamente activas y en la juventud, ya que son poblaciones que hoy encuentran mayores desventajas para participar del mercado laboral, conseguir empleo de calidad y mantenerlo. Segundo, priorizando la inversión en el desarrollo de la primera infancia.

Para potenciar la inserción de las mujeres y disminuir la importante discriminación que persiste en el mercado de trabajo, el Estado debe, como punto de partida, fomentar la equidad. Esto implica enfrentar los estereotipos de género presentes en espacios públicos y privados y la masculinización de los entornos laborales. Además, debe apoyar medidas tendientes a conciliar familia y trabajo, como el avance hacia un esquema universal e integral de licencias maternales (dejando atrás la heterogeneidad en el acceso y la cobertura) junto a la ampliación y el fortalecimiento de las políticas de cuidado (expandir la oferta de cuidados para de niños, niñas y adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad). Esta última propuesta, junto con la extensión de la licencia por paternidad, serviría para alivianar la carga del trabajo de cuidado en el hogar que históricamente recae en las mujeres.

Por otro lado, invertir en las y los jóvenes entre 15 y 29 años es fundamental. El capital humano que desarrollen impactará en la posibilidad de sostener el desarrollo inclusivo a futuro. Una correcta articulación entre la educación y el primer empleo es clave para abordar los riesgos sociales que enfrentan los y las jóvenes, con la ventaja de contribuir al bienestar en el inicio de la vida reproductiva y la conformación del hogar propio. Es necesario que el Estado revise los contenidos curriculares del nivel secundario, a fin de que se correspondan con la demanda laboral y productiva actual y futura. Esto preparará mejor a las y los adolescentes para el momento crítico de ingresar al mercado laboral y aumentará la retención escolar (en la medida en que perciban una utilidad concreta en asistir). Alternativas a analizar son la articulación con el sector privado a través de prácticas profesionales o un modelo dual de educación. Otro conjunto de intervenciones estatales deberá promover la calidad del empleo, a través de incentivos fiscales y prácticas de fiscalización para disminuir la informalidad laboral, que incide en mayor medida sobre los jóvenes e implica vulneraciones presentes que además afectan su trayectoria laboral futura.

Las políticas destinadas a la primera infancia también deben ser priorizadas. Un fundamento claro es que el país no escapa al grave fenómeno de infantilización de la pobreza que atraviesa América Latina, por eso es importante aprovechar la favorable situación demográfica para invertir en los más chicos con el objetivo de mejorar su calidad de vida. Otro argumento es que las políticas de educación y cuidado infantil son necesarias para asegurar el cumplimiento de los derechos de todos los niños, así como también contribuyen a la inserción laboral femenina. Por último, la inversión en políticas de desarrollo infantil temprano de calidad contribuirá a mejorar la productividad agregada a futuro y así superar los desafíos de la tercera etapa. Esto es así porque la estimulación en los primeros años de vida es muy importante para el desarrollo del cerebro y las posteriores habilidades en la vida adulta, por lo que estas inversiones tienen altas tasas de retorno: Heckman estimó cada US$ 1 invertido tiene hasta US$ 17 de retorno en términos de la rentabilidad futura de la sociedad (UNICEF, 2010; Alegre, 2013).

No se puede dejar librado el bienestar presente y futuro a los recursos de las familias y al mercado, esto significaría reforzar la desigualdad y falta de oportunidades. Además, esto compromete la estabilidad económica a futuro ante un contrato fiscal intergeneracional inadecuado para enfrentar el crecimiento de la población adulta mayor. Es necesario que el Estado intervenga para aprovechar al máximo la ventana de oportunidad que brinda el bono demográfico, no solo para garantizar los derechos presentes de la sociedad, sino también para impulsar las políticas necesarias para garantizar los derechos a futuro.

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